Reformas constitucionales La primera de las 7 reformas constitucionales aprobadas por el Congreso Nacional durante el mandato de Juan Vicente Gómez tuvo como propósito liquidar su condición de vicepresidente encargado de la presidencia, con que venía actuando desde noviembre de 1908, cuando el presidente Cipriano Castro, ante la necesidad de salir del país, le hizo entrega del poder. Otro de los propósitos de la reforma constitucional de 1909 fue restablecer el Consejo de Gobierno para integrarlo con los políticos liberales amarillos y nacionalistas, autores en su mayoría, en 1902, de la Revolución Libertadora, que regresaban del exilio y a quienes necesitaba Gómez como aliados en su lucha contra el ex presidente Castro. El Consejo de Gobierno, junto con el presidente de la República y los ministros, constituían el Poder Ejecutivo. Este Consejo se componía de 10 miembros y sus suplentes, y su presidente llenaba las faltas temporales y absolutas del presidente de la República, pudiendo convocar al Congreso para que hiciera la elección de éste, si la vacante absoluta ocurría en los 2 primeros años del período constitucional, que de 6 años, quedó reducido a 4. La Constitución Nacional de 1909 estableció un período provisional de agosto de 1909 al 19 de abril de 1910, fecha en que se iniciaba el nuevo período constitucional. El Congreso eligió presidente provisional al general Juan Vicente Gómez y 8 meses más tarde, en abril de 1910, presidente constitucional para el período 1910-1914. La segunda reforma tuvo como propósito asegurar la reelección presidencial de Gómez y estuvo precedida por anuncios oficiales sobre la alteración del orden público motivada por una supuesta invasión del general Cipriano Castro y de la suspensión indefinida del proceso electoral. El ministro de Relaciones Interiores, César Zumeta, promueve entonces la reunión en Caracas de un Congreso de Plenipotenciarios de las Municipalidades, cuya tarea asignada era la de discutir y aprobar un Estatuto Constitucional provisorio, así como una nueva Constitución Nacional, creando la mayor confusión constitucional de la historia de Venezuela. El Congreso elige como presidente provisional a Victorino Márquez Bustillos, quien venía desempeñando el cargo de ministro de Guerra y Marina. Aprobada la Constitución de 1914, las Cámaras Legislativas designan presidente de la República y comandante en jefe del Ejército al general Juan Vicente Gómez, pero, en una disposición transitoria de la nueva Constitución, se establece que el presidente provisional ejercerá sus funciones hasta que tome posesión de su cargo el presidente constitucional elegido. De esta manera, Victorino Márquez Bustillos desempeñó durante 7 años las funciones de verdadero «primer ministro», con facultades para convocar y presidir el Consejo de Ministros, recibir diplomáticos y estudiar los asuntos administrativos para luego rendir cuenta semanal en Maracay al presidente electo. En junio de 1922, el Congreso Nacional aprueba una tercera reforma constitucional, orientada a restablecer las vicepresidencias de la República, eliminadas en la Constitución de 1914 y luego, elige al general Juan Vicente Gómez presidente de la República para el período 1922-1929; primer vicepresidente a su hermano Juan Crisóstomo «Juancho» Gómez y segundo vicepresidente a su hijo, el general José Vicente Gómez. A consecuencia del asesinato de Juan Crisóstomo Gómez, primer vicepresidente, se aprueba una cuarta reforma constitucional, en junio de 1925, para establecer que las faltas absolutas o temporales del presidente de la República, las suple el vicepresidente y no los vicepresidentes como ordenaba la Carta de 1922. En esta reforma de 1925, se perfeccionó el régimen de gabinete con la creación del Consejo de Ministros, como institución de principio constitucional, el cual se compone de la totalidad de los ministros del despacho, pudiendo asistir el vicepresidente de la República y el secretario general de la Presidencia. Por otra parte, la Constitución Nacional autorizó, por vez primera, a un jefe de Estado para residir fuera de la capital de la República y le concedió atribución para designar los presidentes de los estados, liquidando el ordenamiento federal que hasta esa época existía. El 22 de mayo de 1928 sancionó el Congreso Nacional una quinta reforma constitucional orientada a eliminar el cargo de vicepresidente de la República, por haber caído en desgracia política el general José Vicente Gómez. Por otra parte, la nueva Constitución estableció en el inciso 6º, del artículo 32, la prohibición de la propaganda comunista o anarquista. La sexta reforma constitucional se aprobó en el Parlamento el 29 de mayo de 1929 y se redujo a 2 artículos de la anterior Constitución, el 128 y el 129, disposiciones transitorias, mediante las cuales el Congreso eligiría para el período constitucional que se iba a iniciar (1929-1936) un comandante en jefe del Ejército Nacional quien mandaría el Ejército, la Marina y la Aviación y con quien el presidente de la República que fuera electo compartiría las tareas de jefe de Estado, debiendo hacer la elección de los 2 altos dignatarios el mismo día y prestando ambos juramento ante el Congreso. La séptima y última reforma constitucional fue sancionada en julio de 1931 para refundir en un solo cargo las potestades civil y militar y para designar presidente de la República y comandante en jefe del Ejército Nacional al general Juan Vicente Gómez, una vez aceptada la renuncia del presidente Juan Bautista Pérez.
Los gabinetes ministeriales El primer gabinete ministerial que acompañó al presidente Gómez en su larga actuación respondía a la necesidad de contar con el respaldo político de la oposición, así como la de comprometer en su golpe de Estado a quienes habían sido partidarios e íntimos amigos de Castro, así como sus adversarios dentro del gobierno de la «restauración», como el general Francisco Linares Alcántara, hijo, a quien Gómez designa ministro de Relaciones Interiores; era la figura más prestigiosa en Aragua, de donde era nativo; como canciller, figura el veterano político liberal amarillo, nativo de Valencia, Francisco González Guinán; ministro de Guerra y Marina, el tachirense general Régulo L. Olivares; el aragüeño general Rafael María Carabaño es el ministro de Fomento; el general Roberto Vargas, jefe del nacionalismo y nativo del Guárico, es el ministro de Obras Públicas; el médico y escritor tachirense Samuel Darío Maldonado desempeña la cartera de Instrucción Pública; el general Aquiles Iturbe, liberal amarillo nativo de Guanare, es gobernador del Distrito Federal y el trujillano general Leopoldo Baptista es el secretario de la presidencia. El gabinete ministerial se modificará, por primera vez, en agosto de 1909, con los nombramientos de Juan Pietri como canciller; Abel Santos como ministro de Hacienda; José María Ortega Martínez como ministro de Obras Públicas; Carlos León, como gobernador del Distrito Federal y Antonio Pimentel, como secretario general de la presidencia. Una nueva modificación ocurre en octubre, cuando Trino Baptista sustituye a Maldonado en el Ministerio de Instrucción Pública y Francisco Antonio Colmenares Pacheco, cuñado del presidente Gómez, es designado gobernador del Distrito Federal. En abril de 1910, el general Manuel Antonio Matos, jefe de la Revolución Libertadora en 1902, reemplaza a Juan Pietri como canciller; Antonio Pimentel es ministro de Hacienda en sustitución de Abel Santos; el ingeniero Román Cárdenas es nombrado ministro de Obras Públicas; Bernabé Planas, ministro de Fomento y Francisco González Guinán, secretario de la presidencia. En 1911, José Gil Fortoul ocupa la cartera de Instrucción Pública; el general Manuel Vicente Castro Zavala, el Ministerio de Guerra y Marina y Victorino Márquez Bustillos es gobernador del Distrito Federal. En abril de 1912, César Zumeta es designado ministro de Relaciones Interiores en sustitución de Francisco Linares Alcántara quien, en protesta por la decisión reeleccionista de Gómez, renuncia el cargo y abandona el país; José Ladislao Andara ocupa la Cancillería; el general Ismael Pereira Álvarez es nombrado ministro de Guerra y Marina; Manuel Porras Echenagucia, ministro de Hacienda; Pedro Emilio Coll, ministro de Fomento; ministro de Instrucción Pública, el general Domingo Arreaza Monagas y en Obras Públicas, Rafael Álvarez. En 1913, Román Cárdenas es designado ministro de Hacienda; Victorino Márquez Bustillos, ministro de Guerra y Marina; Domingo Antonio Coronil, ministro de Obras Públicas; Felipe Guevara Rojas, ministro de Instrucción Pública; Ezequiel Vivas, secretario del presidente electo y Juan Crisóstomo Gómez, gobernador del Distrito Federal. En 1914, Manuel Díaz Rodríguez es designado canciller; ministro de Obras Públicas, el ingeniero Luis Vélez; Pedro Manuel Arcaya, ministro de Relaciones Interiores; Santiago Fontiveros, ministro de Fomento y el ex presidente Ignacio Andrade, canciller. En 1916, es nombrado Manuel Díaz Rodríguez, ministro de Fomento; en 1917, el general Ignacio Andrade ocupa el cargo de ministro de Relaciones Interiores y Bernardino Mosquera es designado canciller; el Ministerio de Guerra y Marina quedó a cargo de Carlos Jiménez Rebolledo; Gumersindo Torres sustituye a Manuel Díaz Rodríguez en el Ministerio de Fomento y Rafael González Rincones entra a desempeñar la cartera de Instrucción Pública. En 1919, es designado Esteban Gil Borges, ministro de Relaciones Exteriores; en 1921, Pedro Itriago Chacín sustituye a Esteban Gil Borges en la Cancillería. En 1922, el presidente Gómez designa un gabinete integrado por: Francisco Baptista Galindo, ministro del Interior; Pedro Itriago Chacín, canciller; Melchor Centeno Grau, Hacienda; Carlos Jiménez Rebolledo, ministro de Guerra y Marina; Antonio Álamo, ministro de Fomento; Tomás Bueno, ministro de Obras Públicas; José Ladislao Andara, ministro de Instrucción Pública; Enrique Urdaneta Maya, secretario de la presidencia. Por muerte de Andara, es nombrado ministro de Instrucción Pública Rubén González, y Julio Hidalgo asume el cargo de gobernador del Distrito Federal por la muerte de Juan Crisóstomo Gómez. En 1925, Francisco Baptista Galindo es designado secretario general de la presidencia por la muerte de Enrique Urdaneta Maya, y Pedro Manuel Arcaya ministro de Relaciones Interiores. En 1927, es designado José Ignacio Cárdenas ministro de Obras Públicas. En 1929, el presidente Juan Bautista Pérez designa un gabinete integrado por: Rubén González, ministro del Interior; Pedro Itriago Chacín, canciller; Rafael María Velasco, ministro de Hacienda; general Tobías Uribe, ministro de Guerra y Marina; José Ignacio Cárdenas, ministro de Fomento; Luis María González Cárdenas, ministro de Obras Públicas, a quien sustituye Federico Álvarez Feo, y gobernador del Distrito Federal José María García. En el mismo año, Gumersindo Torres retorna al Ministerio de Fomento en sustitución de José Ignacio Cárdenas. En abril de 1931, por renuncia del presidente Juan Bautista Pérez, el Congreso nombra al general Juan Vicente Gómez presidente de la República para el resto del período y él designa a Pedro Rafael Tinoco, ministro de Relaciones Interiores; ratifica a Pedro Itriago Chacín en la cancillería; el general Eleazar López Contreras como ministro de Guerra y Marina; Efraín González, ministro de Hacienda; Rafael Cayama Martínez, ministro de Fomento; Melchor Centeno Grau, ministro de Obras Públicas; Rafael González Rincones, ministro de Instrucción Pública; Juan E. París, ministro de Salubridad y Agricultura y Cría a quien sustituye Henrique Toledo Trujillo. En 1933, en sustitución de Melchor Centeno Grau, nombra ministro de Obras Públicas a Luis Vélez, quien a su vez es reemplazado por Antonio Díaz González. Los ministros concurrían a Maracay, los días viernes, a presentar la cuenta de sus labores y en numerosas oportunidades se celebraba Consejo de Ministros, tarea que durante los 7 años de la provisionalidad, desempeñó Victorino Márquez Bustillos, quien convocaba y presidía semanalmente en Caracas reuniones de gabinete, para luego concurrir a las reuniones de fines de semana en Maracay.
Los presidentes de estado La mayor parte de los presidentes de los estados formaban parte del grupo de jóvenes oficiales que acompañaron a Gómez en las expediciones militares contra la Revolución Libertadora en los años 1902 y 1903 y en quienes tenía gran confianza; también integraban ese grupo algunos de sus compañeros de la Revolución Restauradora de 1899 y en menor número, comerciantes, ganaderos o hacendados, a quienes había incorporado a su gobierno. Dentro del cuerpo de los presidentes de estado, hubo un grupo a quien trasladaba de una región a otra, según las necesidades políticas y que se mantuvieron en los mandatos regionales desde los primeros años de su gobierno hasta 1935. En Anzoátegui, presidieron sucesivamente el gobierno regional: Baltasar Vallenilla Lanz, Manuel Antonio Guevara, Luis Godoy, Lino Díaz, José de Jesús Gabaldón, Juan Francisco Castillo y José R. Dávila; en Apure: Vincencio Pérez Soto, Hernán Febres Cordero, José Domínguez, Juan Alberto Ramírez; en Aragua: Rafael María Velasco, Samuel Darío Maldonado, Ignacio Andrade, hijo, Rafael Requena, Samuel E. Niño, J.V. López Rodríguez; en Bolívar: Arístides Tellería, Marcelino Torres García, Vincencio Pérez Soto, Silverio González, José de Jesús Gabaldón y Antonio Álamo; en Carabobo: Gumersindo Méndez, Emilio Fernández, José Antonio Baldó, José Felipe Arcay, Ramón H. Ramos, José María García, Santos Matute Gómez; en Cojedes: Esteban Chalbaud Cardona, Guillermo Barreto Méndez, José Rafael Luque; en Falcón: Amábile Solagnie, Argenis Azuaje, León Jurado; en Guárico: Roberto Vargas, Manuel Sarmiento, Alfredo Rodríguez López, Juan Alberto Ramírez, Ignacio Andrade, hijo; en Lara: David Gimón, Rafael María Velasco, Pedro Lizarraga, Pedro María Cárdenas, Eustoquio Gómez; en Mérida: Esteban Chalbaud Cardona, Amador Uzcátegui, José R. Dávila, Rafael Paredes Urdaneta; en Monagas: Pablo Giuseppi Monagas, Luis Godoy, Pedro Ducharne, Manuel Ledezma, José de Jesús Gabaldón, José Antonio Baldó, Lino Díaz, Juan Fernández Amparan; en Nueva Esparta: Juan Alberto Ramírez, Antonio José Cárdenas, José Garbi, J.M. Bermúdez, Manuel Díaz Rodríguez, Rafael Falcón; en Portuguesa: José Rafael Gabaldón, José Antonio Baldó, Gregorio Cedeño, Paulino Camero, José Garbi, Emilio Rivas, Juan Fernández Amparan, Josué Gómez; en Sucre: Zoilo Vidal, Silverio González, Juan Alberto Ramírez, Carlos Sardi, Emilio Fernández, Antonio Álamo, Pedro María Cárdenas; en Táchira: Jesús Velasco Bustamante, Aquiles Iturbe, Pedro Murillo, Régulo L. Olivares, Eustoquio Gómez, Juan Alberto Ramírez, Pedro María Cárdenas, José Antonio González; en Trujillo: Victorino Márquez Bustillos, Timoleón Omaña, Santiago Fontiveros, Vincencio Pérez Soto, José Antonio Baldó, Emilio Rivas, Juan Fernández Amparan, Amador Uzcátegui, Silverio González; en Yaracuy: Rafael Garmendia Rodríguez, Victoriano Giménez, José Antonio Baldó, Severiano Giménez, Félix Galavís; en Zamora (Barinas): Isilio Febres Cordero, Ismael Arellano, Salvador Uzcátegui, José Vicente Rangel; en Zulia: Alejandro Rivas Vásquez, Santos Matute Gómez, Gumersindo Méndez, Isilio Febres Cordero, José de Jesús Gabaldón, Vincencio Pérez Soto; en la gobernación del territorio federal Amazonas: Samuel Darío Maldonado, Roberto Pulido, Abelardo Gorrochotegui, Carlos D'Gregorio, Calixto Velandia Benavides, Argenis Azuaje, Virgilio Vivas, Jesús Canelón Garmendia, Ulpiano Olivares; en el territorio federal Delta Amacuro: Jesús María Osorio, José Rafael Núñez, Samuel Darío Maldonado, Rufino Pérez, Luis Barberii. Los secretarios generales de los presidentes de los estados eran siempre abogados, con gran experiencia administrativa, en su mayoría verdaderos funcionarios de carrera, pues pasaban de un estado a otro dentro de una rotación de secretarios generales que Gómez realizaba con frecuencia. El secretario general era, en muchos casos, una personalidad que compartía con el presidente regional el acceso al presidente Gómez.
Las libertades públicas En cuanto a las libertades públicas, el gobierno se divide en 2 etapas separadas por el conflicto político del año 1913 referente a la reelección. De 1908 a 1913, Venezuela gozó de un régimen de libertades y respeto a los derechos ciudadanos como en escasas ocasiones anteriores vivió el país. La libertad de prensa era absoluta, los periódicos de oposición criticaban los actos del Gobierno y los ministros respondían a las críticas y trataban de justificar sus actos. Se fundaron organizaciones con el propósito de convertirlas en partidos políticos y los dirigentes del liberalismo amarillo y del nacionalismo «mochista» trataron de reconstruir sus cuadros, mientras el presidente Gómez se paseaba por la plaza Bolívar de Caracas. Pero, a partir de 1913, a raíz de la prisión de Rafael Arévalo González, de la huida de Félix Montes y de la disolución del Consejo de Gobierno, se instauró en el país un régimen de represión política que se mantuvo hasta finales de 1935. La censura de noticias y comentarios sobre la vida política y administrativa fue total. Las cárceles y los castillos de Puerto Cabello y del lago de Maracaibo mantuvieron una creciente población de presos políticos que permanecieron largos años en un verdadero secuestro, sin posibilidades de defensa ni de contacto con sus familias; miles de venezolanos se marcharon al destierro y centenares de presos políticos fueron enviados a trabajar en las carreteras. Esta situación de cárceles y persecuciones tuvo un paréntesis en los años 1924 y 1927, cuando Francisco Baptista Galindo, desde la Secretaría general de la Presidencia, desarrolló una política de humanización que logró la salida de Eustoquio Gómez del Táchira, el retorno de 20.000 tachirenses exiliados en Colombia, el regreso de numerosos desterrados, la libertad de los presos políticos y la clausura de la cárcel de La Rotunda, en Caracas. Fallecido en 1927 Baptista Galindo, el régimen volvió a sus tradicionales características represivas. El gobierno de Gómez tuvo que enfrentarse a numerosos brotes revolucionarios, intentonas guerrilleras, con las repetidas invasiones de los generales Juan Pablo Peñaloza y Emilio Arévalo Cedeño, los alzamientos de Ángel Lanza, Horacio Ducharne y Norberto Borges, los desembarcos de Rafael Simón Urbina, la toma de Curazao y la invasión a La Vela de Coro de Rafael Simón Urbina y Gustavo Machado, la rebelión de José Rafael Gabaldón en tierras de Portuguesa y la expedición revolucionaria de los generales Román Delgado Chalbaud y Pedro Elías Aristeguieta en agosto de 1929, que desembarcó en las costas de Cumaná y fue la única empresa revolucionaria que a lo largo de esos 27 años, contó con suficientes recursos y con la colaboración de un grupo numeroso de importantes jefes revolucionarios. El presidente Gómez no utilizaba las tropas del Ejército nacional para combatir estas invasiones, sino que recurría a tropas colecticias, gente campesina en su mayoría, que estaban bajo el mando de oficiales de la época de la «restauración».
La Iglesia Gómez mantuvo cordiales relaciones con la Iglesia católica y permitió el regreso de un gran número de congregaciones religiosas, decretó la libertad de enseñanza y de esta manera, auspició la fundación de escuelas y colegios regentados por religiosos y facilitó la reapertura de los seminarios. No obstante estos hechos, rechazó las proposiciones del nuncio Carlos Pietropaoli de sustituir el patronato eclesiástico por un concordato. Numerosos sacerdotes, entre otros los presbíteros Ramírez, Mendoza, Monteverde y Franquiz, sufrieron largas prisiones en razón de sus actividades de oposición al régimen. En 1929, bajo la presidencia de Juan Bautista Pérez, el Ejecutivo nacional ordenó la expulsión del territorio nacional del obispo de Valencia, monseñor Salvador Montes de Oca, pero al regresar Gómez al ejercicio de la presidencia en 1931, ordenó el levantamiento de la medida de expulsión del obispo valenciano.
Política internacional En esta materia, el presidente Gómez marcó desde el comienzo de su gobierno la pauta de no participar en los conflictos latinoamericanos y de mantener las mejores relaciones posibles con los países vecinos. En 1908, se dispuso a reanudar las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, rotas por el presidente Castro en junio del mismo año. Las tareas de su cancillería se iniciaron con las conversaciones González Guinán-Buchanan, mediante las cuales quedaron sin efecto las sanciones acordadas en 1906 por los tribunales venezolanos contra la New York and Bermudez Company y otras compañías norteamericanas, por haber intervenido en la política venezolana y haber contribuido al financiamiento, en 1902, de la Revolución Libertadora. Reanudó las relaciones diplomáticas con Colombia, igualmente rotas por el presidente Castro. Y procuró, desde un principio, arreglar las diferencias con Francia y Holanda que también habían interrumpido sus relaciones con Venezuela desde 1906 y mediados de 1908 respectivamente. En 1910, con motivo del centenario del 5 de julio de 1811, convocó un Congreso Bolivariano en busca «...de soluciones útiles a los intereses de las repúblicas bolivarianas, para estrechar vínculos históricos y arreglar las condiciones de su porvenir...» En 1914, luego del estallido de la Primera Guerra Mundial, el gobierno de Gómez propuso, a través de la Cancillería, la convocatoria de un Congreso Mundial de Neutrales, sin haber logrado tener éxito su iniciativa. Frente a la guerra mundial, mantuvo la neutralidad de Venezuela, a lo largo de los 4 años de conflicto, no obstante las exigencias y amenazas de los bandos en pugna. A partir de finales de 1916, la situación se tornó muy difícil para el gobierno de Gómez, debido a las presiones y amenazas del Departamento de Estado norteamericano, encaminadas a lograr de Venezuela una declaración de beligerancia al lado de las potencias aliadas. El representante diplomático de Estados Unidos ante el Gobierno de Venezuela, Preston McGoodwin, protestó contra el conflicto permanente que se le presentaba para tratar del asunto, ante la existencia de un presidente provisional y un presidente electo con iguales atribuciones para conocer de las exigencias norteamericanas. El ingreso de Venezuela a la Liga de las Naciones fue objeto de largo examen y polémicas entre los ministros del Gabinete, pues un grupo sostenía la opinión de no tomar parte en la Asamblea Mundial; pero finalmente, el país se adhirió a la Liga el 3 de marzo de 1920 y de la misma manera, suscribió los primeros convenios que sobre tráfico de armas y municiones y régimen jurídico de navegación aérea, fueron establecidos a nivel internacional. La política del régimen se va a caracterizar por su interés en mantener relaciones diplomáticas y consulares con casi todos los países europeos y con la totalidad de las naciones del continente americano, pero de manera especial, procurando el mejor entendimiento con los gobiernos de Estados Unidos, Colombia, Brasil, Cuba y Holanda, a fin de mantener bajo vigilancia a los numerosos exiliados políticos que vivían en esos países. En 1923, el Gobierno de Venezuela rompió relaciones con el de México en razón del franco apoyo que el presidente Álvaro Obregón y su ministro de Educación, José Vasconcelos, daban a las empresas de los revolucionarios venezolanos. Estas relaciones se reanudaron en 1931. En 1924, el presidente Gómez anunció la terminación del arbitraje ante el Consejo Federal Suizo por razón de fronteras con la República de Colombia. En 1928, Venezuela se adhirió al pacto de proscripción de la guerra, llamado Pacto Briand-Kellogg, suscrito en París. Venezuela estuvo representada en numerosas conferencias internacionales y el Gobierno suscribió casi todas las convenciones propuestas en la Liga de las Naciones. Las personalidades más importantes de la diplomacia bajo el gobierno de Juan Vicente Gómez fueron: César Zumeta, Pedro Manuel Arcaya, Pedro César Domínici, Carlos F. Grisanti, Pedro Emilio Coll, Carlos Aristimuño Coll, Manuel Díaz Rodríguez, Diego Carbonell, Andrés Eloy de la Rosa, Diógenes Escalante, Caracciolo Parra Pérez, Laureano Vallenilla Lanz, José Gil Fortoul, Francisco Gerardo Yanes, José Ignacio Cárdenas, Eduardo Arroyo Lameda, Francisco Arroyo Parejo, Santiago Key Ayala, Manuel Segundo Sánchez y Luis Churión, quienes representaron al Gobierno de Venezuela durante largos años.
Política económica En el primer año del gobierno de Juan Vicente Gómez, los ingresos y gastos públicos para el año económico 1909-1910 fueron por ingresos: Bs. 48.552.856,81 y por egresos: Bs. 52.337.175,23. Este año económico se cerró con un déficit de Bs. 3.784.218,42. Los fondos de la reserva del Tesoro montaron a Bs. 213.156,29. Los derechos de importación produjeron Bs. 21.722.149,20. La renta interna alcanzó a Bs. 15.047.547,26 y se erogó un situado constitucional para los estados por el monto de Bs. 7.384.743,25. Los ingresos y gastos públicos en el año económico 1911-1912 fueron por ingresos: Bs. 82.793.512,34 y por egresos: Bs. 64.069.521,36. El año se cerró con un superávit de Bs. 7.501.939,73. Se erogó por situado constitucional Bs. 7.184.176,68. En el año económico 1912-1913 los ingresos fueron: de Bs. 65.462.539,45 y los egresos: Bs. 62.384.023,27, cerrándose el año con un superávit de Bs. 3.078.516,18. Las reservas del Tesoro montaron a Bs. 10.521.317,26. En el año económico 1913-1914 los ingresos fueron: Bs. 60.370.993,01 y los egresos: Bs. 64.873.597,71. El año se cerró con un déficit de Bs. 4.502.604,70. Y los fondos de reserva del Tesoro alcanzaron a Bs. 6.042.923,21. En este año las exportaciones venezolanas (café, cacao, sarrapia, dividive, maderas, cueros de res, ganado vacuno, etc.), fueron de Bs. 136.392.867,92 y las importaciones de Bs. 88.110.376,47. La balanza comercial resultó con un saldo favorable de Bs. 48.282.492,45. En el año económico 1917-1918 aparece el petróleo en el renglón de las exportaciones venezolanas, con el envío al exterior de 21.194 tm por un valor de Bs. 899.673. El año 1917-1918 los ingresos y gastos públicos fueron: Bs. 53.253.686,06 y Bs. 52.948.924,48 respectivamente. La exportación de cafÈ fue de 568.719 sacos de 60 kg, por valor de Bs. 29.191.622 y de cacao se exportaron 338.015 sacos de 60 kg por valor de Bs. 21.070.980. En 1915, frente a la crisis financiera y comercial del mundo causada por la Primera Guerra Mundial, el Gobierno acordó reducir en un 25% los capítulos de egresos del Presupuesto General de Rentas y Gastos Públicos, excepto aquellos renglones que, por su naturaleza, no eran susceptibles de disminución. Tomada esta medida, se formuló un presupuesto en el que se calcularon las entradas en concordancia con la baja que en los ingresos por exportaciones de productos venezolanos se venía observando y se redujeron los egresos de modo que pudieran cubrirse sin déficit. En 1918, el presidente provisional Márquez Bustillos informa al Congreso que la reforma fiscal que adelanta el ministro de Hacienda, Román Cárdenas, avanza «...implantando métodos y sistemas los más eficaces para el perfeccionamiento de las finanzas nacionales...», y anuncia el envío al Parlamento de un conjunto de leyes fiscales cuya aprobación era necesaria para lograr una avanzada administración de la Hacienda nacional. El año de 1918, final de la Primera Guerra Mundial, fue el de mayor exportación de café registrada, pues llegó a 1.373.034 sacos de 60 kg por un valor de Bs. 115.093.198; se exportó cacao por el orden de Bs. 27.352.829 con un volumen de 308.093 sacos; y azúcar 11.996.658 kg por un valor de Bs. 4.995.672; además se exportó maíz, papelón y carnes congeladas. En el año económico 1920-1921, los ingresos y gastos públicos fueron de Bs. 81.560.716,19 y Bs. 102.095.026,71 respectivamente. El año se cerró con un déficit de Bs. 21.095.026,71. Al formular el presupuesto de 1920-1921, las perspectivas eran halagadoras, pero la crisis que se hizo sentir en el curso del año económico causó la reducción de los fondos de reservas del Tesoro de Bs. 65.953.298,95 a Bs. 44.858.272,24. El ministro de Hacienda, Román Cárdenas, al referirse a la protección de las industrias, dijo al Congreso que debía iniciarse francamente en la tarifa arancelaria el concepto de proteccionismo, estableciendo un sistema que «...tienda a proteger y fomentar el incipiente poder industrial de la Nación...», pues debía controlarse y reprimirse la introducción de los artefactos extranjeros para «...favorecer la introducción de elementos y materias primas indispensables a las industrias nacionales...» En el año económico 1921-1922, los ingresos y gastos públicos fueron de Bs. 70.926.950,07 y Bs. 80.836.154,16 respectivamente, cerrándose con un déficit de Bs. 9.909.204,09 y se apropió la suma de Bs. 8.205.000 de los fondos de reserva. En el año económico 1922-1923, los ingresos fueron de Bs. 87.691.319,77 y los egresos de Bs. 72.677.018,16, cerrándose con un superávit de Bs. 15.677.018,11. El año 1922 fue el último de la gestión en el Ministerio de Hacienda, del ingeniero Román Cárdenas, quien desempeñó la cartera desde 1913 y es considerado el organizador de las finanzas modernas de Venezuela. En el año económico 1928-1929 los ingresos fueron de Bs. 230.415.294,44 y los egresos de Bs. 244.757.836,60. El año se cerró con un déficit de Bs. 14.342.542,16. Se apropió la suma de Bs. 31.131.000 de los fondos de reserva del Tesoro y éstos alcanzaron a Bs. 99.837.959,22 al finalizar el año fiscal. El situado constitucional fue de Bs. 21.002.817,57. Fue presentado al Congreso un proyecto de ley para establecer el puerto libre de Turiamo en las costas del estado Aragua. La balanza comercial resultó con un saldo favorable, por la presencia del petróleo en las exportaciones que alcanzaron a 17.520.257 tm. A partir de 1928, frente a la crisis económica que se tradujo en el endeudamiento de los agricultores y el desempleo generalizado y que se agravó con la protesta estudiantil y el estallido de movimientos subversivos, el gobierno de Gómez, junto con las medidas represivas, adoptó un programa que significaba el comienzo de una nueva era en el país. Dentro de este plan debe señalarse la promulgación de la primera Ley del Trabajo, la fundación del Banco Obrero para atender al problema de la vivienda popular, la creación del Banco Agrícola y Pecuario para ayudar a resolver la crítica situación de la agricultura y la cría, la realización de un plan especial de obras públicas en toda la República, financiado por las reservas del Tesoro y que debía atender al conflicto del desempleo, la creación de la primera empresa agroindustrial del país, la Ganadera Industrial, y la creación del Ministerio de Salubridad, Agricultura y Cría. En 1930, con motivo del centenario de la muerte del Libertador, el gobierno del presidente Gómez finalizaba el pago de la deuda externa que el país venía arrastrando desde los días de la emancipación. Venezuela se convirtió así, durante casi 30 años, en uno de los pocos países del mundo que no tuviera deuda externa alguna. En el año económico 1933-1934, los ingresos fueron de Bs. 171.829.139 y los egresos de Bs. 153.924.973,56. La exportación del café alcanzó a 634.677 sacos de 60 kg por valor de Bs. 30.308.057 y se exportaron 18.331.690 tm de petróleo por un valor de Bs. 573.432.335. En el año económico de 1932-1933, el dólar se cotizó a Bs. 7 y hasta Bs. 7,64 en los meses de julio, agosto y septiembre de 1932 y a Bs. 5,20 a comienzos de 1933; pero a finales de ese año, se cotizó a Bs. 3,94 y a mediados de 1934, a Bs. 3,198. En 1934, por primera vez se fijó oficialmente el tipo de cambio de dólar que fue de Bs. 3,93, el que habría de mantenerse por 2 años. En el último año del gobierno de Gómez, los ingresos del Fisco fueron de Bs. 202.980.148,64 y los egresos de Bs. 178.917.655,98. Los fondos de reserva del Tesoro alcanzan a Bs. 111.549.041,22. Agravó la situación interna del país durante este año la acumulación de fondos del Gobierno nacional, produciendo escasez de circulante y como consecuencia, se generalizó el trueque en las operaciones comerciales. El Gobierno decretó un subsidio de Bs. 10.000.000 como ayuda a los agricultores del café y del cacao, dado el estado ruinoso de las fincas, por el sostenido bajo precio de los frutos en los mercados mundiales. Con motivo de la incesante baja del cambio, las compañías petroleras celebraron un convenio con el Gobierno venezolano que se llamó Convenio Tinoco, por las cuales ellas cedían al Gobierno las divisas que podían colocar en los bancos, al tipo de Bs. 3,03 o sea al punto oro (gold point).
Vías de comunicación y obras públicas El 6 de julio de 1910, el presidente Gómez decretó la creación de una Comisión Científica y Exploradora del Occidente de Venezuela, presidida por Alfredo Jahn, para estudiar las vías de comunicación de las regiones comprendidas por los estados Falcón, Zulia, Lara, Portuguesa, Trujillo, Mérida y Táchira a fin de que realizara estudios geográficos, hidrográficos, observaciones astronómicas y geodésicas para la cartografía; estudios geológicos, botánicos, etnológicos, arqueológicos, zoológicos y que debía ilustrar sus estudios con dibujos y fotografías. El 7 de julio de 1910, crea la Comisión Científica y Exploradora del Oriente, presidida por Manuel Cipriano Pérez y que tenía como campo de acción los estados Anzoátegui, Sucre, Monagas, Nueva Esparta, Bolívar y los territorios Delta Amacuro y Amazonas. Entre sus tareas, la comisión debía proceder al estudio y trazado de las vías de comunicación en esa región del país y a los estudios preliminares para proveer de agua potable a las poblaciones de aquella circunscripción. El 29 de julio de 1910, se crea la Comisión Científica y Exploradora del Centro del País presidida por Germán Jiménez. El 24 de junio de 1910, el presidente Gómez dicta un decreto ordenando la construcción en cada estado de la República de una carretera central «...que pasando por las ciudades y sitios convenientes, constituyan las vías principales de cada entidad federal, para el movimiento de exportación de los frutos y de importaciones comerciales...», y una vez reunidos estos datos, proceder a la formación del Plan General de las Vías de transporte de la República. En 1910, se inició la construcción de la carretera central del Táchira; la carretera del este de Caracas; la de Maracay a Ocumare de la Costa; la de Caracas al Tuy; la de Villa de Cura a Morrocoyes; la de Caracas a La Guaira; la de Caracas a Barlovento. En 1919, se iniciaron los trabajos de la Gran Carretera Occidental que, partiendo de Caracas y atravesando los estados Miranda, Aragua, Carabobo, Cojedes, Portuguesa y Zamora (Barinas), terminaba en el Táchira; y se decretaron los estudios de la Gran Carretera Oriental. Se concluyó la carretera de Puerto Cabello a San Felipe y se iniciaron los trabajos de la carretera central del estado Falcón, la central del estado Lara y del estado Trujillo y las carreteras de Barcelona a Soledad, en el estado Anzoátegui y de Cumaná a Cumanacoa en el estado Sucre. En 1925, se inaugura la Gran Carretera Trasandina que unía por primera vez, por vía terrestre, a los estados Táchira, Mérida y Trujillo con el resto del país. Se dictan normas para estudiar las vías de penetración rural con carácter prioritario. Esta red de carreteras fue el inicio del primer sistema nacional de vías de comunicación, pues hasta la década de 1920, las regiones del país estaban incomunicadas entre sí y dentro de los mismos estados, las ciudades y pueblos estaban separados por grandes distancias. Pequeñas redes de ferrocarriles y la navegación fluvial y costanera, habían sido hasta entonces los únicos medios de comunicación en el país.
El petróleo El 19 de junio de 1920, el Congreso Nacional sancionó la primera ley en la cual la explotación del petróleo se trataba separadamente de las minas. El 30 de junio, el presidente provisional Márquez Bustillos, puso el ejecútese a la Ley sobre Hidrocarburos y Demás Minerales Combustibles», que refrenda el ministro de Fomento, Gumersindo Torres. El 14 de diciembre de 1922, del pozo Barrosos núm. 2, en la formación geológica llamada La Rosa empieza un flujo surgente de petróleo que llegó a 320 m3 por hora; el flujo incontrolado continuó hasta el 23 de diciembre y fluyeron por lo menos 150.000 m3 de petróleo. El 1 de junio de 1928, en la región denominada Quiriquire, se descubre el mayor pozo de petróleo de la cuenca de Maturín, cuarto en tamaño entre los grandes yacimientos de Venezuela.
Códigos y leyes El 19 de diciembre de 1916 entra en vigencia el nuevo Código Civil elaborado por la Comisión Revisora de Leyes creada por el presidente Gómez en 1911 y en 1922, el Congreso aprueba los nuevos códigos de Procedimiento Civil y de Enjuiciamiento Criminal; en 1918 entra en vigencia la Ley Orgánica de la Hacienda Pública; en 1925, el nuevo Código de Comercio y en 1926, el nuevo Código Penal. Carlos Jiménez Rebolledo, ministro de Guerra y Marina, elabora numerosas leyes y reglamentos en materia militar que entran en vigencia cumplidos los trámites de rigor. También se aprueba una nueva legislación en materia de sanidad nacional en 1919. En su Mensaje al Congreso, en sus sesiones de 1920, el presidente Márquez Bustillos anuncia que, por indicación del presidente Gómez, dictó un decreto por el cual se crea la Escuela de Aviación Militar y que el Gobierno ha adquirido 3 aeroplanos como punto inicial de la escuadra aérea. En octubre de 1920, se establece la telegrafía inalámbrica. Para 1931, estaba completado el sistema de radiotelegrafía y de radiotelefonía nacional. La creación de la Oficina Nacional de Sanidad y del departamento de Ingeniería Sanitaria dieron comienzo, en unión del Ministerio de Obras Públicas, a la iniciación de la primera red de acueductos y cloacas.
Educación En materia de instrucción pública, el saldo del gobierno de Gómez fue precario, reducida la cuota presupuestaria a su mínima expresión no obstante que los titulares de la cartera de Instrucción Pública, Samuel Darío Maldonado, José Gil Fortoul, Felipe Guevara Rojas y Rubén González propusieron sucesivamente planes de reforma y modernización de la educación que son considerados entre los más avanzados del siglo XX. En sus comienzos, el Gobierno, en 1911, decretó la fundación de las escuelas de Agricultura, de Veterinaria de Caracas y de Enfermeras y de Artes y Oficios en varias regiones del país que no llegaron a funcionar y la Escuela Normal de Varones en Caracas, la única en el país, y que llegó a tener, en la década de 1930, una promoción que no alcanzaba a la decena de estudiantes. La Universidad Central estuvo clausurada desde 1912 hasta 1922 y se abrían cursos cada bienio.
LA GENERACION DEL 28
Durante los últimos años del gobierno de Gómez,dos procesos históricos dominan el período y extienden sus efectos hasta nuestros días.Ellos son los sucesos de la Semana del Estudiante en 1928 y su secuela más perdurable:el surgimiento de un nuevo tipo de oposición en las voces de una generación de jóvenes que debutan en la lucha política.El otro es el comienzo de la explotación comercial del petróleo en la vida económica nacional,que sella la transformación de Venezuela,desde 1926,en un país minero.Se crea una nueva visión del país y se conforma el modelo rentista que orientará nacional hasta hoy en día.
Enseñanzas y aprendizajes que nos deja el gobierno de Gómez
Su legado más notorio fué un país libre de deudas, pero su régimen fué autocrático y opresivo con sus detractores.Sin embargo, Gómez decretó la creación del Banco Obrero y del Banco Agrícola y Pecuario y promulgó la primera Ley del Trabajo. El 7 de julio de 1931 prestó por última vez su juramento como presidente de la República, en lo que será su lustro final en el poder. En términos generales, durante los 27 años que gobernó a Venezuela, no varió en sus costumbres y mantuvo las mismas de su época de hacendado y de guerrero, caracterizadas por la sencillez en sus hábitos, su desconfianza a las camarillas, la relación directa con gente de todas las condiciones sociales y su capacidad para utilizar en su gobierno a las personalidades de mayor prestigio intelectual con que contaba el país. La mayor parte del tiempo vivió sólo, asistido por sus edecanes y gente de confianza. Se puede decir que uno de los factores fundamentales en la consolidación en el poder de Juan Vicente Gómez y quizás su contribución más importante al siglo XX venezolano, fue la creación de un Ejército Nacional, el cual sirvió y ha servido desde entonces como instrumento garantizador de la paz. En tal sentido, Gómez creó por decreto de 1910, la Academia Militar como base de unas Fuerzas Armadas Nacionales, las cuales pondrían término final al sistema de ejércitos personales controlados por los caudillos regionales. Asimismo, fue dueño de una inmensa fortuna constituida toda en territorio venezolano, evaluada la misma en Bs. 115.000.000 aproximadamente y que en 1936, por decisión confiscatoria del Congreso, pasó en su totalidad al patrimonio nacional. Falleció en Maracay el 17 de diciembre de 1935.En definitiva,fue el Presidente que canceló todas las deudas de la República desde la época de la independencia y en conmemoración de ello le entrega al país el monumento a Carabobo donde yace una placa que expresa éste motivo con fecha 30/12/1930.Y para concluir,es el Presidente que logra proyectar la Venezuela Latifundista hacia el pre-capital de los tiempos del Siglo XX.
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Trasladador y autor:Dr Omar Gómez C,Senior,Ph.D
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